El conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, se ha mostrado abierto a limitar la compra de viviendas en el Archipiélago a los no residentes y a las personas que llevan menos de cinco años viviendo en el territorio. "Balears no puede ser un parque temático donde no quepa la gente de nuestras islas", afirmó el responsable político.

Estas declaraciones llegan una semana después de que el Parlament balear aprobase una iniciativa de la agrupación El Pi, en la que se disponían diversas medidas dirigidas a que el Ejecutivo regional reduzca la masificación y saturación poblacional que experimenta Baleares, que incluía también a esta limitación en la compra de casas.

Ahora el Gobierno será el responsable de trasladar estas propuestas a la realidad, abriéndose antes un proceso de debate que adapte las premisas aceptadas por la mayoría de la Cámara. A pesar de que Gobierno y oposición coincidan en limitar la compra de inmuebles, la política comunitaria de la Unión Europea (UE) impide la discriminación en la adquisición de viviendas por factores como la residencia o la nacionalidad, siendo por ahora Dinamarca el único país de la UE que dispone de un marco legal diferenciado en este sentido. 

En el pleno de este pasado miércoles, el diputado del PP Sebastià Sagreras, reprochó al titular de Turismo que "con las cosas de comer no se juega" y mantuvo que la ciudadanía se merece un debate "serio" sobre el problema de la falta de vivienda, afirmando que las viviendas que cuestan un millón de euros o un millón y medio "no entran en competencia" con las valoradas en 200.000 o 250.000 euros, que son las que compran o alquilan los residentes de alguna de las islas. Además, tal y como cuenta Diario de Mallorca, Sagreras añadió que el mercado de la vivienda de lujo para extranjeros mueve un negocio muy importante para pequeñas y medianas empresas de Balears.

A su vez, el diputado de Unidas Podemos en el Parlament balear, Pablo Jiménez, defendió en el Parlament que las políticas de vivienda deben ir enfocadas a aumentar el parque público de viviendas, sin descartar la expropiación a grandes tenedores que "especulan con las viviendas y disponen de una cantidad enorme de pisos vacíos".