Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán desalojar a los okupas que se instalen en primeras y segundas residencias de Baleares, sin solicitar medidas judiciales previas, tal y como se requería hasta la fecha. Así lo ha instruido la Fiscalía de les Illes Balears.
Según ha informado mallorcadiario.com, las medidas judiciales podrán solicitarse cuando existan dudas sobre la “naturaleza delictiva de la conducta realizada en los casos de ocupación de inmuebles”. Además, cuando los okupas sean personas en riesgo de exclusión social se informará a los servicios sociales para que “no queden desamparados”.
Lo cierto es que la instrucción da respuesta a un problema creciente en la actualidad, donde la ocupación ilegal de viviendas y segundas residencias, muchas de ellas propiedades de extranjeros que las utilizan para pasar sus vacaciones, está a la orden del día.
"Al no haber una respuesta jurídica uniforme se hace necesario establecer unos criterios de actuación atendiendo los intereses que hay en conflicto", reza el dictamen. En este se resalta el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, ya que “nadie puede entrar en domicilio ajeno sin autorización del titular o resolución judicial”, así como el derecho a una vivienda digna.
En el escrito se reconocen “situaciones reales pero diferentes, en función de si se trata de un inmueble ocupado por su titular o uno desocupado”. No obstante, la policía tendrá que desalojar de forma inmediata tanto las primeras como las segundas residencias y detener a los okupas.
