El triunfo del Ayuntamiento de Cádiz sobre la Junta de Andalucía en materia de regulación de viviendas con fines turísticos (VFT) sienta un precedente que podría servir como justificación para el resto de consistorios andaluces que quieran limitar la proliferación de este tipo de unidades alojativas en el centro de las ciudades, como es el caso de Sevilla.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó en mayo el recurso interpuesto por la Junta contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por el consistorio gaditano para incluir la limitación de las VFT en su casco antiguo y evitar la turistificación de las viviendas ubicadas en zonas residenciales tensionadas.
Actualmente, el Ayuntamiento de Sevilla está pendiente de otro fallo del TSJA sobre la regulación de las VFT, que también fue recurrida por el Ejecutivo andaluz. Y es que, aunque las competencias en materia de viviendas turísticas pertenecen a la Junta, el decreto que está ultimando para regular el sector delegará en los municipios la posibilidad de limitar o no los pisos turísticos.
Un negocio de 4.000 millones
Contra las modificaciones de los distintos PGOU para limitar el fenómeno VFT se posiciona la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro). Según recoge elDiario.es, la patronal argumenta que se trata de un sector que genera un impacto económico cercano a los 4.000 millones de euros, por lo que su presidente, Carlos Pérez Lanzac, lo considera un “dinamizador” del turismo y la economía.
