El municipio de Cádiz se blinda ante la proliferación de pisos turísticos, al igual que otras ciudades como Palma (Mallorca) o Madrid. Este jueves entró en vigor la moratoria que, durante un período máximo de un año, suspende la concesión de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para convertir viviendas residenciales al uso turístico.
De esta manera, el Ayuntamiento de Cádiz pretende ganar tiempo hasta la entrada en vigor de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), aprobada en noviembre. Según el consistorio, dichos cambios están encaminados a evitar la excesiva turistificación de viviendas ubicadas en zonas residenciales dentro del término municipal de Cádiz.
La principal medida que se introducirá será la prohibición de implantar más viviendas con fines turísticos (VFT) en el casco histórico de la capital y la de hoteles en fincas calificadas como suelo residencial, salvo las catalogadas por el PGOU en niveles 0 y 1 (entendiéndose que estas fincas tienen pocas salidas salvo la de uso hotelero). En el caso de la zona extramuros (territorio urbano que está más allá de la ciudad amurallada), la nueva regulación sí permitirá que cualquier finca pueda transformarse en hotel o apartamentos turísticos, pero solo se podrán implantar nuevas VFT en las plantas baja, primera y segunda de los edificios.
El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha destacado, en declaraciones recogidas por Diario de Cádiz, que se trata de "un paso importante", ya que supone "la primera medida de este calado en toda Andalucía". De este modo, Cádiz se sitúa "a la vanguardia en el reto de proteger y defender el derecho a la ciudad, así como el turismo de calidad frente a la especulación turística y al turismo de masas".
