La Asociación Empresarial de Proveedores Civiles de Tránsito Aéreo del Mercado Liberalizado (APCTA), patronal de las empresas de servicios de navegación aérea, ha impugnado la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria II (DORA II) ante el Tribunal Supremo (TS). El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros este plan económico y de inversiones de Aena y de su red de aeropuertos para el periodo 2022-2026 en septiembre del año pasado.
Tal y como relata La Información, esta asociación, cuyos representantes son las empresas privadas que manejan las torres de navegación aérea —Saerco y Ferronats—, ha solicitado al Ministerio de Transportes el expediente administrativo completo que dio origen al último DORA: las nueve actas de reuniones que mantuvieron los agentes involucrados —Administración, Ejecutivo, aerolíneas y Aena— y el documento de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Ejecutivo se ha negado a aportar esta documentación para “mantener la confidencialidad”
El conflicto APCTA-Gobierno se origina porque la patronal exige conocer detalladamente los costes de los servicios de navegación aérea que asume Aena. Sin embargo, y siempre según el citado medio, el Ejecutivo se ha negado a aportar esta documentación para “mantener la confidencialidad”, escudándose en la normativa que regula el propio DORA —Ley 18/2014—, además de esgrimir "falta de legitimación de la interesada en el procedimiento de propuesta, elaboración y tramitación". De momento, el alto tribunal ha desestimado las peticiones de la patronal, alegando que "la documentación solicitada no arrojaría información sobre los servicios de navegación aérea".
Se da la circunstancia de que el DORA II contempla una dotación de 28 millones de euros para estos servicios de navegación. Sin embargo, representa una partida poco significativa si se compara con otras inversiones que el gestor aeroportuario debe llevar a cabo en materia de seguridad —451,43 millones de euros—, mantenimiento y conservación —787 millones— o tareas en los campos de vuelo —118 millones— desde este año hasta 2026.
