La nueva ley de alquiler turístico de Baleares, que entra en vigor mañana martes, sancionará con multas de entre 20.000 y 40.000 euros a los propietarios de pisos en edificios de cualquier zona de las islas que los alquilen irregularmente a turistas.
En cuanto a las inmobiliarias, plataformas digitales como Airbnb o HomeAway o intermediarios turísticos las sanciones podrán llegar a los 400.000 euros.
La nueva normativa da la libertad a los consejos insulares de cada isla y al Ayuntamiento de Palma de decidir si permiten el alquiler turístico, cuánto tiempo y en qué zonas. Tendrán un año para comunicar su decisión, aunque las previsiones indican que mantendrán la prohibición.
De manera paralela, el viernes se aprobó el proyecto de la primera Ley de vivienda de Baleares, que obligará a los grandes propietarios a ceder pisos “si hay necesidad de vivienda” en caso de que estas lleven más de dos años años sin ocupación. La medida podría resolver los problemas de alojamiento para los trabajadores que acuden a las islas cada temporada estival.
