De las tres grandes comunidades autónomas receptoras de turistas, Canarias era la única que no cobraba ningún tipo de ‘ecotasa’ o tasa turística, sin embargo, esto podría cambiar próximamente,

Según informa La Provincia, los partidos que conformarán el nuevo Gobierno de Canarias (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) han firmado un acuerdo de gobierno en el que se incluye la aplicación de una tasa turística.

Pese a que no se conocen detalles, en el documento sí que figura que el objetivo de la misma es invertir lo recaudado en mejorar las infraestructuras públicas relacionadas con el negocio alojativo. Asimismo, también se conoce que el impuesto tendrá un carácter finalista, es decir, que se aplicará directamente a los turistas.

Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, ha explicado que quieren estudiar “de qué manera se gravan” los servicios para garantizar la sostenibilidad del medioambiente” y ha aclarado que “se hará de la mano del sector”.  Ha defendido que es una práctica común en otros destinos: “Esta tasa está mundializada. No nos estamos inventando nada. El objetivo es revertirlo en la mejora del lugar del destino, no solo nuestras calles y plazas, sino también los espacios naturales y el patrimonio cultural".

Otras tasas turísticas en España

Actualmente solo dos comunidades autónomas españolas aplican tasas turísticas. Baleares, obliga a los turistas, en temporada alta, a pagar 3 euros por noche por alojarse en cualquier hotel de cuatro estrellas, así como 4 euros por hacerlo en uno de cinco estrellas o gran lujo. Si lo hacen en uno de tres estrellas o inferior, abonarán 2 euros.

En Cataluña, alojarse en establecimientos de cinco estrellas o gran lujo tiene un coste de 2,25 euros por noche; en hoteles de 4 estrellas, de 1,10 euros en Barcelona y 0,90 en resto de la comunidad; así como de 2,25 euros (Barcelona) y 0,90 (resto de Cataluña) por hacerlo en viviendas de uso turístico (Airbnb, por ejemplo). En el resto de establecimientos el coste es de 0,65 y 0,45 euros en la ciudad condal y el resto de la comunidad, respectivamente.

Por su parte, otras comunidades como Euskadi y Madrid están planteando su posible implantación.