El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso contencioso-administrativo presentado por Cabify contra el Estado español, por el que le reclamaba una indemnización de 237 millones. La empresa de vehículos de transporte con conductor (VTC) solicitaba que se declarase inconstitucional el conocido como ‘decreto Ábalos’ —por el exministro de Fomento—, por el que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas las competencias para regular el sector.
Según El Español - Invertia, Vector Ronda Teleport, empresa titular de más de 2.000 licencias de VTC propiedad de Cabify, presentó en diciembre de 2021 el citado recurso ante el Supremo. Vector pretendía la declaración de inconstitucionalidad para poder seguir operando con las licencias que les habían sido concedidas en un primer momento y, en caso contrario, exigía responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio económico sufrido tras la entrada en vigor del decreto ley de 2018 por el que se modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
Sin embargo, el alto tribunal ha acabado por desestimar el recurso de la empresa de Cabify al considerar que no existen razones para considerar inconstitucional el decreto aprobado por el Gobierno ni motivos que justifiquen la responsabilidad patrimonial del Estado. La sentencia respalda el modelo que exige a las VTC solicitar una doble autorización para operar, una con validez en todo el Estado y otra en cada una de las comunidades autónomas. Y es que, según establece la carta magna, el Estado ostenta en exclusiva las competencias sobre los transportes terrestres que circulen por el territorio de más de una comunidad autónoma y las autonomías las de aquellos que lo hagan íntegramente en su territorio.
