Algunos de los grandes destinos de cruceros no quieren seguir recibiendo tantos turistas de este nicho, una vez termine la pandemia. Incluso antes de la irrupción del coronavirus, algunas ciudades como Barcelona (Cataluña), Borácay (Filipinas) o Venecia (Italia) ya habían iniciado algunos movimientos para reducir el número de cruceristas que recalaban en sus puertos.

Ahora, con el sector paralizado durante un año por el coronavirus, a estos destinos se han sumado otros, tras comprobar que el impacto que genera este tipo de turista en las comunidades no es tan positivo como consideraban, según Orlando Weekly.

Este es el caso, por ejemplo de las Islas Caimán, cuyo primer ministro, Alden McLaughlin, quiere diversificar el turismo en la región. “Necesitamos un equilibrio y no abrumar los sistemas que tenemos”, dijo al cancelar la construcción de un muelle para cruceros en George Town (capital de Islas Caimán).



 

Además de la saturación del sistema, está el aspecto económico, y es que hay turistas de otros nichos que gastan más. Un estudio realizado en 2018 para la Asociación de Cruceros Florida-Caribe analizó el gasto promedio del crucerista en 36 destinos, siendo las Islas Vírgenes (EE. UU.) el lugar que registraba un mayor gasto con 166,2 dólares (aproximadamente 132 euros), en el caso de Islas Caimán es de unos 105,17 dólares (87,38 euros). En contraposición, en ciudades como Las Vegas (Nevada), el turista MICE deja de media 1.020 dólares (847,7 euros) y el de ocio, 821 dólares (682,31 euros), y el pico lo protagoniza Orlando (Florida) con un gasto medio de 2.229 dólares (1860 €) por parte de los visitantes de convenciones.

Medidas para limitar el turismo

Otros puertos estadounidenses también están buscando formas de garantizar que el sobreturismo no colapse los destinos. Es el caso de Cayo Hueso (Florida), donde se ha aprobado, por votación pública, limitar a 1.500 los pasajeros diarios que desembarquen en el islote al sur de Miami. También se aprobó prohibir la entrada de cruceros con capacidad superior a las 1.300 y dar prioridad a las navieras que tengan mejores prácticas ambientales. 

Políticas similares se están valorando en Bar Harbor, en el estado de Maine (Estados Unidos).