Esta semana, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hizo públicas las discrepancias con el Estado con respecto a la cesión de las competencias de Costas a la comunidad autónoma.

Cabe recordar que dicha transferencia se estableció en el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en noviembre de 2018 y supondrá, cuando se complete, que el ejecutivo autonómico tendrá autogobierno en la ordenación y gestión de los más de 1.500 kilómetros de su litoral, con plenas competencias en lo que se refiere a construcción, asignación de playas o la licitación para la concesión de servicios.

"Las competencias en materia de Costas en Canarias son autonómicas desde que figuran en nuestro Estatuto de Autonomía”, sentencia José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT). Explica a Tourinews que, desde la aprobación del estatuto, el “Estado ha ejercido una especie de ‘gobierno en funciones’ sin capacidad para abordar cuestiones sobre las que no tiene competencias, salvo que sean perentorias o urgentes o afecten gravemente al interés general”.
 


 

Con respecto a las discrepancias entre las administraciones autonómica y estatal, se muestra contundente. “Desde luego, no creo que Canarias deba aceptar ninguna restricción o reducción en el ejercicio de las competencias que ya tiene, que no se hayan aplicado a otras autonomías como Cataluña o Andalucía, eso sería inaceptable, teniendo en cuenta además nuestra situación de aislamiento, lejanía e insularidad”, asevera. Mañaricúa duda que el Estado pueda discutir partes de esas competencias como la potestad sancionadora o la subvencional. “No pueden separarlas y reservárselas, esto ya lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional en muchas resoluciones”, apunta.

“Empecinamiento contra el turismo en Canarias”


El presidente de la FEHT critica, además, que el Gobierno ha seguido interviniendo en unas competencias que legalmente no son suyas “eligiendo sesgadamente algunos expedientes”. Pone como ejemplos la apertura de expedientes sancionadores al Hotel Riu Oliva Beach y al Hotel Riu Palace Tres Islas (ambos ubicados en Fuerteventura) o la modificación de deslindes que afectan a proyectos en Arguineguín (Gran Canaria) o Playa Blanca (Lanzarote). Califica estas intervenciones como “una injerencia y una deslealtad institucional con el gobierno autónomo” y aventura que “parece un empecinamiento personal y específico contra estos establecimientos, y contra el turismo en Canarias”.
 

Los trabajadores del Hotel Oliva Beach (Fuerteventura) toman Madrid

Los trabajadores del Hotel Oliva Beach (Fuerteventura) toman Madrid
 

Confianza en que esta vez se cumpla el calendario


Tras un primer incumplimiento del plazo el pasado junio, Ángel Víctor Torres ha marcado enero como plazo límite para materializar la transferencia de las competencias de Costas. Mañaricúa se muestra confiado en que esta vez sí que se cerrará. “Sí es esperable y creemos al Presidente cuando nos anuncia esta vez que las competencias se ejercerán por Canarias a partir de enero 2022”, indica.

El presidente de la patronal insiste en que “el turismo y Canarias se juegan mucho con estas competencias” y recalca que con esta cesión no se busca incumplir la ley, sino que se valoren desde la cercanía las peculiaridades y necesidades del Archipiélago. “Nadie pide incumplir la ley, sino precisamente que la misma se cumpla, se aplique y se agilicen los trámites, al menos tanto como en otras zonas de España también turísticas donde se puede disfrutar de unas zonas de playa renovadas y dignas del siglo XXI para la experiencia vacacional, hamacas nuevas, chiringuitos correctos y medioambientalmente respetuosos, nada de lo que tenemos ahora”, puntualiza.

“Las peores infraestructuras públicas de playas del Estado”
 

En este sentido, el empresario hotelero destaca que Canarias, actualmente “tiene las peores infraestructuras públicas de playas del Estado. Sin camas balinesas y chiringuitos como Andalucía o Baleares”. Sostiene que esto mina la experiencia vacacional de residentes y turistas. “Y esto ha sido por la inacción y dejación de la Demarcación de Costas y la insensibilidad y desconocimiento en Madrid”, concluye.