Este mismo martes 15 de noviembre se decidirá si el resort turístico Isla de Valdecañas (Cáceres) puede salvarse del derribo. El complejo —una isla artificial situada en el embalse homónimo— se habría edificado sobre una zona de especial protección (ZEPA) de la Red Natura 2000, motivo por el que lleva dos décadas inmerso en procesos judiciales medioambientales. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá comunicar si admite un recurso de amparo para evitar la demolición.
El último organismo en pronunciarse sobre el caso fue el Tribunal Supremo, que ordenó su demolición total el pasado mes de febrero. Antes de esta sentencia del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia decidió que se mantuviera intacta la primera fase ya construida (185 viviendas —cerca del 30% de las previstas—, un hotel de 4 estrellas, un club social, un embarcadero y un club de golf) y cesar las obras de la segunda parte de la construcción (otro complejo hotelero de 5 estrellas y el resto de las villas proyectadas, 585).
El recurso ha sido presentado por la Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas y los ayuntamientos afectados, de los municipios cacereños El Gordo y El Berrocalejo. Y es que, según afirma el diario El Mundo, la Junta puede enfrentarse a unos gastos superiores a los 300 millones de euros, contando solo con las indemnizaciones de la promotora 'Marina Isla de Valdecañas' como de los propietarios de las viviendas.
Para Ecologistas en Acción, asociación impulsora de los pleitos que han derivado en la sentencia de derribo, el macroproyecto turístico "cometía vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental" y "todos los gastos que va a acarrear se podrían haber evitado si el Tribunal Superior de Justicia hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012".
La isla de Valdecañas cuenta con una superficie de 134,5 hectáreas, cerca de un 2% del total de la superficie (7.600 hectáreas) de la ZEPA incluida en la Red Natural 2000.
