La empresa Ciudad Real International Airport (CRIA), adjudicataria del aeropuerto de Ciudad Real, y la compañía aeronáutica norteamericana Skydweller han llegado a un acuerdo para impulsar un proyecto de fabricación de aviones.
Según ha informado ABC, el presidente de CRIA, Rafael Gómez Arribas, y el consejero delegado de Skydweller, Robert Miller, firmaron el contrato, de 35 años de duración, en presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha mostrado su apoyo al proyecto.
La compañía aeronáutica señaló que esperan empezar las actividades esta primavera o verano para desarrollar, en los 18 primeros meses, un programa basado en tecnología ya “muy madura”, validarla y, a posteriori, integrarla en el avión.
Miller manifestó que al cabo de 18 o 20 meses se conseguiría una producción en serie de aviones, de los que no se ha especificado ningún detalle sobre modelo o características. Para ello, se requerirá una inversión inicial de cinco millones de euros, en los seis primeros meses. Esta inversión se prevé que aumente, en los cinco años posteriores, a 40 millones.
Gómez Arribas, por su parte, destacó que el proyecto necesita de “mucha investigación”, por lo que estará vinculado a universidades y escuelas de ingeniería. Se estima que la iniciativa generará 40 puestos de trabajo, la mayoría de ingenieros y técnicos de alta cualificación, con la previsión de llegar a 100.
Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, recalcó que de esta manera “se acaba el estigma del aeropuerto de Ciudad Real”. También, aseveró que la terminal “tiene futuro” y que va a “proporcionar muchos cientos de puestos de trabajo en sectores estratégicos en las próximas décadas”.
La compra del aeropuerto
Lo cierto, es que CRIA necesitó dos prórrogas para reunir el dinero del aeropuerto de Ciudad Real (56 millones de euros) y hacerse con él. Finalmente, el aeródromo fue sufragado por el Gobierno de Baleares, que mantenía una deuda con la empresa de García-Page de 87 millones de euros.
Dicha deuda, provenía de la aplicación de la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible balear, con la que se evitó la construcción de urbanizaciones en parajes naturales. Sin embargo, el Govern debía indemnizar a las empresas propietarias de estos terrenos. Precisamente, en este punto se generó la deuda con Punta de Ibiza y Mecron, dos sociedades del grupo CRIA, propietarias de los solares protegidos de Punta Pedrera (Sant Josep, Ibiza).
