Alivio para la hotelera española Meliá en lo que respecta a su actividad en Cuba. Al menos, de momento. El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma de Mallorca ha archivado —por segunda vez— una demanda presentada por una familia cubana en relación con la explotación de dos hoteles por parte de la cadena en Cuba.
La familia trataba de ampararse en la ley Helms-Burton, reactivada por el Gobierno de Estados Unidos durante la época del presidente Donald Trump, concretamente en 2017. La norma estipula que los ciudadanos y empresas estadounidenses o cubanos residentes en el país norteamericano, podrán reclamar ante los tribunales una indemnización por la utilización y obtención de beneficios de propiedades que les expropiaron en la revolución cubana de 1959.
En 2019, esta familia, residente en Estados Unidos, reclamó su indemnización a Meliá por la explotación de los hoteles Paradisus Río de Oro Resort & Spa y Sol Río de Luna y Mares, los dos establecimientos de la compañía en Holguín.
Por su parte, la jueza de Palma ha declarado falta de jurisdicción de la Justicia española y ha alegado que la confiscación de los terrenos en los que se encuentran los hoteles fue un acto soberano realizado por Cuba a través de sus propias leyes, por lo que el caso queda archivado. De momento, ya que la decisión es recurrible ante la Audiencia Provincial.
Un precedente para las hoteleras españolas en Cuba
No obstante, aunque la sentencia sea recurrible, es cierto que marca un precedente para otras hoteleras españolas con actividad en Cuba.
Se trata de una buena noticia para las cadenas españolas que se sumaría a otra sentencia favorable para estas compañías emitida el mes pasado por un juez estadounidense. En ese caso, el juez Adalberto Jordán, del Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Decimoprimer Circuito, emitía un acto que podría tumbar la mayor parte de las denuncias interpuestas a las hoteleras españolas.
En dicha sentencia se establecía que el demandante no tiene derecho a reclamar la indemnización, puesto que los terrenos en litigio fueron confiscados antes del 12 de marzo de 1996, fecha en la que entró en vigor la ley Helms-Burton, mientras que el afectado adquirió la propiedad mediante herencia después de dicha fecha.
