Si en enero de 2021 Club La Costa (UK) plc — filial española especializada en complejos vacacionales de tiempo compartido (timesharing) de la empresa británica CLC World Resorts & Hotels—solicitó el concurso de acreedores voluntario, ahora otra empresa del sector también atraviesa problemas económicos.

Anfi Sales y Anfi Resorts, filiales de Grupo Anfi, que cuenta con dos multipropiedades vacacionales ubicadas en el sur de la isla de Gran Canaria, han sido declaradas en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde el organismo han determinado que las empresas dedicadas a la promoción y venta de estancias turísticas y a la gestión de los complejos, respectivamente, son insolventes puesto que no pueden hacer frente a la deuda de 56,6 millones de euros que arrastraban en 2020.

El juzgado ha tomado dicha decisión tras la solicitud de la empresa Isla Marina, filial Lopesan Hotel Group, que posee el 50% de Grupo Anfi.  Isla Marina era una de las principales acreedoras, puesto que se le adeudaban de 30 millones de euros. Por su parte, la otra copropietaria, el grupo Santana Cazorla se oponía al concurso de acreedores y defendía que la empresa era solvente, con suficiente patrimonio para responder a las deudas.

El juez ha considerado que, con sus ingresos, la empresa no es capaz de hacer frente a los pagos sin tener que recurrir a “medidas excepcionales”, por lo que ha declarado la insolvencia. Anfi Sales y Anfi Resorts pasan a estar gestionadas por un administrador concursal que tendrá que garantizar la devolución de los pagos pendientes y la continuidad de las empresas.

Anfi del Mar cuenta con dos propiedades ubicadas en el municipio turístico de Mogán y suman más de 7.000 camas y dos campos de golf. Fue fundada en 1988 por el empresario noruego, Björn Lyng, quien desarrolló la empresa junto a Santana Cazorla. En 2016, Lopesan entró a formar parte del dúo propietario de Anfi; previamente, había comprado la deuda del grupo.

Mediante los modelos de multipropiedad, que se extendieron en España en los años 70 logrando gran desarrollo en Canarias la Costa del Sol, Levante y Cataluña, el consumidor no compra él solo su alojamiento, sino que comparte su uso y su propiedad con otros.