La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha iniciado una investigación por posibles delitos de corrupción contra Concepción Narváez, exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas), en Gran Canaria, por la celebración de un polémico congreso para funcionarios en noviembre de 2022 en el citado municipio que costó 500.000 euros —400.000 aportados por San Bartolomé y otros 100.000 por el también ayuntamiento grancanario de Santa Lucía de Tirajana—. Al evento asistieron cerca de 60 habilitados nacionales, funcionarios habilitados por el estado para realizar determinadas acciones públicas obligatorias en las corporaciones locales, pues se trataba de una acción formativa para "analizar la problemática de la sostenibilidad financiera de las Administraciones y promocionar turísticamente los municipios", pero terminó siendo una fiesta con actuaciones de artistas como Dani Martín y Café Quijano, así como espectáculo de luces, fuegos artificiales y barra libre bebidas alcohólicas.
Ahora, según informa Atlántico Hoy, las diligencias previas de la fiscalía apuntan a que en su organización se cometieron delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. Junto a Narváez, la lista de investigados (término que sustituyó a imputados) hay otras seis personas: Francisco García, alcalde de Santa Lucía; las interventoras de los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía, Tania y Noemí Naya (hermanas), otros técnicos municipales y un empresario.
El ministerio público ve anormalidades en la forma en la que se organizó la fiesta y en la subcontratación de la empresa encargada, y es que la adjudicación se licitó a través del organismo 'Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre', cuya naturaleza nada tiene que ver con la organización de este tipo de eventos. Asimismo, según Atlántico Hoy, los investigadores apuntan a que la adjudicataria, la empresa audiovisual Sonocom, fue elegida por el "trámite de urgencia" y que ya había llevado a cabo “encargos para la celebración del congreso e hizo pago de los mismos" antes de que se publicara la propia licitación.
Pese a que algunos de los implicados defendieron el valor promocional turístico de la fiesta, ya cuando trascendió a la opinión pública se vio dañada la imagen de San Bartolomé de Tirajana que, con 12,4 millones de pernoctaciones en 2023, es el tercer mayor municipio turístico de España, solo por detrás de Barcelona y Madrid.
