El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado la paralización, por el momento, de la ayuda concedida por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. La jueza Esperanza Collazos ha suspendido la operación “por falta de justificación” del rescate a la aerolínea.

Según el auto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no debe realizar el siguiente pago —previsto para el 28 de julio— hasta nueva orden. Asimismo, señala que “las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega” para la viabilidad de la compañía. La aerolínea dispone ahora de 5 días para justificar la necesidad del préstamo.

Cabe recordar que el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo un conjunto de préstamos a la aerolínea por un total de 54 millones de euros. Según han explicado al diario El Mundo fuentes del Partido Popular (PP), “el 14 de julio la SEPI y el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas solicitaron la autorización para proceder al desembolso de 34 millones de euros del préstamo participativo a 7 años que pretendían pagar el 28 de julio”.

Al día siguiente, el 15 de julio, se abría un plazo para presentar alegaciones. PP y Vox presentaron sendos escritos “oponiéndose al pago y solicitando la adopción de una medida cautelar de suspensión del mismo”.

Por su parte, desde Plus Ultra han asegurado que acreditarán la necesidad del dinero en el plazo otorgado. A través de un comunicado, la aerolínea ha recordado que ya ha recibido 19 millones del préstamo de la SEPI y que “la financiación restante es imprescindible para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad de la compañía tras el grave impacto del Covid”.


 

Los principales reproches

Durante los últimos meses, son varios los representantes políticos que han presentado quejas sobre el rescate estatal a Plus Ultra alegando diferentes argumentos. La lista de reproches es larga:

  • Se cuestiona su españolidad, ya que el 47% de su capital pertenece a empresarios de Venezuela.
  • A su vez, se le recrimina que en su accionariado haya empresarios vinculados al Gobierno de Venezuela y que socios de la empresa están siendo investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales.
  • Se pone en duda su estatus de compañía estratégica, debido al  bajo volumen de vuelos que opera (representan el 0,03% del total en España) y su escasa actividad (opera actualmente solo con uno de sus cuatro aviones) y en 2021 solo ha completado dos vuelos.
  • Se recalca que las rutas que ofrece entre Madrid con Caracas (Venezuela), Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador) ya son cubiertas por otras compañías, por lo que recalcan que no es esencial. Esto no ocurre con la conexión entre Tenerife y Caracas. Se ha llegado a aseverar incluso que el Gobierno de España ha favorecido la creación de un monopolio en dichas conexiones.
  • También se han denunciado presuntas presiones por parte del Ministerio de Transporte sobre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que emitiera un informe favorable a la operación. En este caso, AESA ha emitido un comunicado declarando su total carácter independiente y poniendo en valor su labor.