El Consell de Ibiza ha intensificado en los últimos meses su plan de choque contra el intrusismo en el sector turístico, lo que ha permitido reducir en más de un 60% la oferta de plazas de alquiler vacacional ilegal en las principales plataformas digitales. Según los últimos datos, en julio del pasado año se anunciaban unas 14.500 camas en Airbnb, mientras que ahora apenas rondan las 4.400. La tendencia continúa a la baja y se espera un nuevo descenso en los próximos días.
Así lo ha confirmado Enrique Gómez Bastida, director de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, en una entrevista para la Voz de Ibiza. “Estamos en un escenario ahora que esperamos, en unas pocas semanas, que la oferta ilegal se reduzca prácticamente a un porcentaje completamente residual en las plataformas”, ha sentenciado.
Por otro lado, Gómez ha explicado en qué consiste su trabajo: las autoridades insulares basan su estrategia en el uso del sistema de inteligencia turística. Este permite cruzar datos de ocupación legal con la publicidad en plataformas digitales para detectar irregularidades. Aunque en los canales alternativos —como redes sociales o aplicaciones de mensajería— es más difícil el control, la mayor parte de la comercialización ilegal sigue concentrada en plataformas globales como Airbnb, Booking o Vrbo, que son el foco principal de las inspecciones.
El plan de choque, financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible, cuenta con 22 millones de euros y un horizonte de tres años. La mitad de los fondos se destinan directamente al Consell —la otra mitad, va a los ayuntamientos—, que los invierte en nuevas tecnologías, contratación de personal y refuerzo de la oficina de Lucha contra el Intrusismo. Solo en el último año se han incorporado unas 25 personas al equipo, además de inspectores e informáticos especializados en agilizar los expedientes sancionadores.
La estrategia no solo se centra en la oferta alojativa. También se han desplegado controles en el Aeropuerto de Ibiza, en colaboración con Aena y la Policía Local de Sant Josep, para reducir la presencia de los denominados ‘taxis pirata’. Los ayuntamientos, por su parte, han adaptado sus recursos en función de sus principales problemas, ya sea reforzando la vigilancia sobre viviendas o sobre transporte ilegal.
Con estas medidas, el Consell considera que se están cumpliendo los objetivos marcados, superando incluso la meta inicial de reducir un 30% la oferta ilegal. Aunque reconocen que siempre surgirán canales alternativos de comercialización, las autoridades insisten en que la capacidad de penetración de estas vías es mucho menor y confían en que el marco tecnológico y humano desplegado permita mantener la presión y garantizar una oferta turística más regulada y sostenible en la isla.
