El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado la demolición del Hotel Sandos Papagayo, ubicado en Playa Blanca (Yaiza, Lanzarote), por incurrir en diferentes infracciones urbanísticas y carecer de ningún tipo de licencia que le permita legalizarse. Desde la empresa propietaria ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Uno de los abogados de la empresa se muestra crítico. “Es muy extraño que una jueza sustituta que ha estado un mes y medio en el juzgado dicte esa resolución”afirma. Además, se muestra atónito ante el auto — “Es un folio y medio que no analiza absolutamente nada de todo lo que se dijo en la vista ni de toda la documentación que cubren los autos”— y advierte que lo van a recurrir en apelación y esperan que prospere.
Un problema de forma…
El letrado explica a Tourinews que el procedimiento tiene problemas de forma, ya que el artículo 194 de la ley de enjuiciamiento civil obliga a que el juez que ha celebrado la vista y ha practicado las pruebas, dicte sentencia y esto no ha ocurrido así. Pero pone el acento en que también tiene problemas de contenido.
Subraya que el citado auto por el que se ordena la demolición del hotel no tiene en cuenta documentos que resultan claves en el proceso. “Prescinde de todo. De lo tratado en la vista del 5 de septiembre de 2021, de las pruebas y del informe del ayuntamiento que afirma que las obras de adecuación son realizables y legalizables”, afirma.
Ayuntamiento de Yaiza, Lanzarote
…y un problema de contenido
La vista de septiembre de 2021
Durante las más de cinco horas en las que se prolongó, el juez escuchó los argumentos de la empresa propietaria del establecimiento. Tras ello, el juez afirmó que, para poder emitir un auto, necesitaba que el Ayuntamiento emitiera un informe con los detalles del procedimiento de legalización del hotel que se está tramitando.
El procedimiento de legalización
Según ha podido comprobar este diario, el proyecto de legalización del Hotel Sandos Papagayo Beach se encuentra en fase de estudio. Entre las propuestas que se han hecho para la adecuación del establecimiento a la legalidad urbanística destacan:
- La reducción del número de habitaciones de 488 a 373
- La demolición parcial del torreón con el que cuenta el hotel.
- Adaptación del perímetro de la parcela para la ejecución de un paseo peatonal de acceso al mar.
- Aumento de plazas de aparcamiento.
Basándose en ello y a la petición del juez, el Ayuntamiento emitió en diciembre de 2021 un informe en el que afirmaba que las obras son realizables y, por tanto, el establecimiento es legalizable. “Si las obras son realizables y legalizables, la demolición debería ser el último recurso”, afirma el abogado, quien insiste en que hasta que no termine ese proceso de legalización que han iniciado empresa y consistorio “no se puede hablar de demolición”.
Ocupación de suelo público
En lo que se refiere al vial público de acceso al mar que el hotel ocupó, defienden que, a día de hoy, no existe porque está anulado el Plan General, que está siendo revisado al no contar en su momento con el informe pertinente de Dirección General de Costas. “Hay un informe de costas que informa que ese acceso es inviable y es favorable a otros accesos por los laterales del hotel”, indica.
Cartel con accesos y ubicación a Playa Blanca en Yaiza, Lanzarote | Foto: Wikimedia Commons (CC BY SA 3.0)
La última vía: demanda de responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento
Se muestra convencido de que se va a alcanzar una solución, pero advierte que, en caso de que el hotel tuviera que ser demolido, la empresa tendría que presentar una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Yaiza.
“No hay que olvidar una cosa. Ese hotel se construyó con una licencia otorgada por el Ayuntamiento. Ese vial se ocupó porque el mismo Ayuntamiento dio un derecho de ocupación. Si luego las licencias se declararon nulas por la sala de lo Contencioso en el año 2007 es una cuestión que afecta al Ayuntamiento, siendo el responsable de esa anulación. Pero la empresa promotora ejecutó unas obras con una licencia en vigor”, recalca.
Sin embargo, reitera que hay buena voluntad en conseguir que la situación se legalice.
