La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Valenciana, Nuria Montes, ha vuelto a reiterar este jueves en el Parlamento autonómico que desde la Generalitat serán tajantes con la oferta ilegal de viviendas turísticas. Si hace unas semanas afirmaba que pondrían “a todos los inspectores del cuerpo” a revisar las webs de comercialización de estas residencias de uso turístico, ahora ha adelantado que planean utilizar inteligencia artificial (IA) para reforzar la detección de anuncios irregulares. 


 
Montes ha alertado de que los alojamientos turísticos ilegales son una amenaza para la Comunidad de diversas maneras porque “socavan la igualdad de condiciones en el mercado, causan molestias a los vecinos y provocan la pérdida de la oferta de viviendas disponibles para residentes, con la proliferación de la economía sumergida”.

Para poner coto a estos problemas, además de recordar que actualizarán el registro de vivienda regularizada teniendo en cuenta la referencia catastral, la consejera ha reconocido que ya están buscando qué modelos de IA pueden utilizar para perseguir la oferta ilegal. La intención es implementar un modelo “con bots [porgrama informático] que estén revisando 24 horas al día qué se comercializa con carácter ilegal para su posterior implementación”. “Esto permitirá detectar la oferta ilegal, de tal manera que cualquier desfase sea sancionado, cerrado y eliminado”, ha añadido de forma contundente.

Nuria Montes durante su última intervención en el Parlamento autonómico valenciano | Foto: Generalitat

Nuria Montes durante su última intervención en el Parlamento autonómico valenciano | Foto: Generalitat

Derogación de la tasa turística y planes de promoción


Montes ha reivindicado, asimismo, la derogación de la tasa turística como una de las primeras medidas de la Consejería, un impuesto que es “la máxima expresión de la imposición sectaria de una minoría y que ejemplifica la falta de consensos con el sector, con los ayuntamientos y hasta en el seno del anterior Consell”.

También ha recordado que este impuesto “era de carácter obligatorio, no municipal y voluntario, y hubiera bastado con la eliminación de la bonificación del tramo autonómico para obligar a los turistas, que este año van a aportar más de 4.000 millones de euros en impuestos a las arcas valencianas, a pagarlo”.

Por otra parte, la consejera ha apostado por incidir en medidas de desestacionalización como el bono viaje, la promoción de las fiestas locales y la petición al Gobierno de España de un nuevo marco económico para el Programa de Turismo Social para mayores del Imserso. También quiere potenciar el turismo de congresos (MICE), el de cruceros y reposicionar a la Comunidad Valenciana “en el circuito internacional de grandes eventos”, a la vez que se trabaja en atraer nuevas conexiones aéreas, como desde Estados Unidos.