Esta misma semana, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias amplió el plazo para presentar alegaciones al anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, a petición de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) que querían más tiempo para estudiar el texto.
Ahora, uno de los primeros en pronunciarse públicamente ha sido Mogán, el segundo mayor municipio turístico de Gran Canaria y el sexto de Canarias en lo que a pernoctaciones turísticas se refiere. Y sus valoraciones no son buenas, de hecho, han pedido al Ejecutivo autonómico que suspenda el anteproyecto.
Desde el Ayuntamiento de Mogán defienden unos postulados similares a los de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), aunque en tonos iferentes. Donde la asociación utilizaba el término “ley de exterminio de la vivienda vacacional", el consistorio grancanario asevera que la normativa "impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y erradicará casi la totalidad de las ya existentes".
Y es que, desde la alcaldía encabezada por Onalia Bueno, consideran que los requisitos urbanísticos y administrativos que tendrían que cumplir los ayuntamientos, así como las exigencias técnicas a los propietarios de los inmuebles, son de “prácticamente imposible cumplimiento”. Recuerda, además, que Mogán, cuenta con más de un 10% de viviendas vacacionales —límite máximo marcado por el anteproyecto de ley—, por lo que muchas tendrían que inhabilitarse "de forma indiscriminada",
Si bien recalcan que están de acuerdo en la necesidad de ordenar y regular las viviendas vacacionales en el Archipiélago, inciden en que es un “error demonizar las viviendas vacacionales”.
No quieren asumir un “papel fiscalizador”
Desde el consistorio moganero rechazan la responsabilidad de ser los únicos que pueden garantizar la "supervivencia de las viviendas vacacionales a sabiendas de que es imposible cumplir con todo lo que se les impone". Y es que consideran que la modificación de los instrumentos de planeamiento, requerida por el anteproyecto de ley, se traduce en carga administrativa adicional que los ayuntamientos no pueden asumir.
Además, Mogán se opone al "papel fiscalizador que otorga a las administraciones locales", responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existentes cumplen con el régimen de actividad clasificada, trámite que consideran debe corresponder a los cabildos insulares.
Así, exigen suspender el anteproyecto y crear una mesa de trabajo en la que intervengan todos los municipios para lograr un modelo que sí permita regular las viviendas vacacionales. Por contra, proponen una normativa que tengan en cuenta la situación de cada municipio y que imponga unos requisitos "escuetos y claros".
