La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha emitido un comunicado este jueves en el que muestra su “más profundo y frontal rechazo” al anteproyecto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda presentado este miércoles por el Ejecutivo autonómico. Ascav critica duramente el texto legal que regulará el sector en la comunidad autónoma insular, cuya aprobación parlamentaria está prevista para finales de año, y lo califica de “ley de exterminio de la vivienda vacacional (VV)”.
La patronal considera que con este anteproyecto, que impone mayores exigencias a los propietarios que el actual reglamento de 2015, las VV “quedan heridas de muerte”. Así, cataloga a la futura norma de “refrito” de las medidas más limitativas que se han dictado en España y el resto de la Unión Europea (UE) sobre las viviendas vacacionales y denuncia que el objetivo del Gobierno de Canarias es “prohibir las nuevas VV desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente”.
Ascav ve una moratoria implícita en la próxima ley, ya que a partir de su entrada en vigor no se van a admitir más altas, salvo que expresamente el planeamiento urbanístico municipal las autorice, “justo lo contrario de lo que sucede ahora”, añade. En la actualidad, prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su plan general de ordenación (PGO) adaptado para prever las viviendas vacacionales —un fenómeno cuyo boom se ha producido mayoritariamente durante la última década—, por lo que, asegura, “quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos”.
Los representantes de los propietarios de viviendas de uso turístico en el archipiélago canario identifican en la iniciativa legislativa un plan para la “erradicación paulatina” de las unidades que actualmente ejercen la actividad legamente, ya que el régimen transitorio que se quiere aplicar sería de “imposible cumplimiento”. Entre los requisitos más difíciles de cumplir se encontrarían la instalación de aparatos de aire acondicionado y/o calefacción, la calificación energética mínima C o B, el suministro de agua caliente mediante placas solares o similar y acceso rodado y pavimentado a las viviendas, entre otros.
La Asociación concluye el comunicado afirmando que el anteproyecto es “flagrantemente anticonstitucional” porque invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los ayuntamientos, y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la normativa de la UE. “Equivale a una expropiación forzosa porque instaura unas restricciones tan severas al legítimo derecho de propiedad que prácticamente lo vacía de contenido, expropiándolo de facto y depreciando el valor del inmueble”, sentencia.
