El Tribunal Supremo ha emitido en los últimos días numerosas sentencias en las que obliga al ejecutivo canario a indemnizar a los promotores afectados por la moratoria turística en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. Cuatro grupos empresariales se acogieron al artículo 17 de esta ley para recibir una compensación económica para que las parcelas dejasen de ser reconocidas para uso turístico, pero no fueron recompensados