El Ayuntamiento de Madrid ha frenado la conversión de 12 inmuebles en bloques de apartamentos turísticos. Alrededor de 250 viviendas en el centro de la ciudad, pretendían pasar de uso residencial a terciario, lo que dejaba la puerta abierta para montar alojamientos destinados a los turistas.
En los últimos años, estos establecimientos se han convertido en un grave problema para la capital, pues han provocado la gentrificación en algunas zonas céntricas (proceso de revalorización de un barrio obrero que se ve desplazado por una población de mayor nivel adquisitivo), el aumento del precio del alquiler y la competencia desleal que supone para los hoteles, al no pagar impuestos.
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha encargado un estudio que revela que la oferta de este tipo de viviendas turísticas, ha pasado de 10.000 (37.000 camas) en 2015 a 20.000 (74.000 camas) en 2016, lo que supone un aumento del 100%.
Pese a que no tiene competencias de regulación, el Ayuntamiento ha encontrado un resquicio legal para poner freno a la conversión de los inmuebles. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha elaborado un nuevo decreto, con el objetivo de detener esta práctica. Dicha norma es considerada “totalmente insuficiente” por el Consistorio madrileño, el cual ha iniciado su propio procedimiento de ataque.
José Manuel Calvo, edil de Urbanismo, ha lanzado un mensaje a los inversores donde señala que “cuando compren un edificio lo pongan en alquiler en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si rehabilitas el edificio y lo pones en alquiler es muy legítimo, pero para alquilarlos o venderlos para ir a vivir, no para ganar dinero a corto plazo con viviendas turísticas”, enfatiza.
Por su lado, la nueva regulación que prepara la Comunidad de Madrid establece que las comunidades de vecinos podrán prohibir que haya viviendas turísticas en su edificio, y que las plataformas que comercializan con inmuebles, como Airbnb, estén sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo.
