El decreto que está preparando la Secretaría Autonómica de Turismo de la Comunidad Valenciana para regular el alquiler de pisos turísticos podría ilegalizar 60.000 viviendas que hoy en día operan de forma legal.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad (LTOH) el pasado mes de julio, para poder inscribir la vivienda en el Registro de Turismo (requisito indispensable para operar de forma regulada) se exige contar con un informe de compatibilidad urbanística. No obstante, aquellos que estaban registrados con anterioridad se libraron de esta exigencia, pero sólo hasta ahora; ya que, según recoge El Mundo, el organismo turístico valenciano estudia la posibilidad de exigir mediante el nuevo decreto que todas las viviendas dadas de alta antes de la entrada en vigor de la normativa también tengan que conseguir el citado informe.
Se trata de una petición compleja ya que son los ayuntamientos los encargados de concederlos, por lo que los criterios varían de una población a otra. De hecho, las asociaciones de apartamentos y viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana ya han denunciado que los criterios de los ayuntamientos no son unánimes, siendo unos más flexibles que otros.
Desde la Secretaría Autonómica de Turismo proponen la aprobación de una moratoria temporal que otorgaría un plazo de entre dos y siete años a estas viviendas para conseguir dichos requerimientos. Si al transcurrir este período de tiempo, las viviendas que hoy operan de forma legal no consiguen cumplir los nuevos requisitos, podrían dejar de ser legales.
Para el sector, esta situación podría incurrir en un vacío legal e inseguridad jurídica.
