La Comisión Europea ha elaborado un informe en el que propone normas en común para todas las plataformas de economía colaborativa que operan en Europa con el fin de asegurarse de que pagan impuestos por su actividad y garantizan la protección de consumidores y empleados. Además, puntualiza que su prohibición debe ser “el último recurso”. Jyriki Katainen, vicepresidente comunitario, responsable de Empleo y Competitividad, ha declarado que: “Una economía europea competitiva requiere innovación. Nuestro papel es impulsar un entorno regulatorio que permita la creación de nuevos modelos de negocio, al tiempo que se protege a los consumidores y se aseguran condiciones fiscales y laborales justas". Bruselas apunta a la economía colaborativa como una oportunidad de crecimiento, aunque también señala que no puede dar pie a una “economía paralela”. Por otra parte, los servicios comunitarios advierten que no se deben exigir licencias a las plataformas cuando actúan como intermediarios y que estas están exentas de responsabilidad en cuestiones como los datos almacenados de quienes ofertan un servicio, aunque sí tienen que hacerse responsables de servicios como los sistemas de pago