Los propietarios de viviendas de uso turístico de Sóller (Mallorca) han dado el pistoletazo de salida a una nueva entidad, la asociación ETV Sóller, con el objetivo de oponerse a la propuesta del Ayuntamiento de incrementar la tasa de recogida de residuos para estos alojamientos a partir de 2026. El colectivo califica la medida de “injustificada, desproporcionada y sin fundamento técnico ni económico” y anuncia que presentará alegaciones si el proyecto sale adelante.
La futura asociación, que agrupa unas 600 viviendas turísticas, asegura que el sector genera actividad directa e indirecta para alrededor de 2.500 trabajadores, la mayoría residentes en el municipio. Los impulsores defienden que los ETV contribuyen a mantener el empleo local durante todo el año, favorecen la diversificación económica y ayudan a reducir la estacionalidad turística.
Los promotores critican que el Ayuntamiento no haya presentado ningún informe técnico, jurídico ni económico que respalde la subida, recordando que las tasas deben ajustarse al coste real del servicio. Además, argumentan que muchas de estas viviendas permanecen cerradas varios meses al año y que los turistas generan menos residuos que los residentes, al pasar la mayor parte del día fuera.
También denuncian que los ETV ya soportan una alta presión fiscal, al tributar como actividad económica en el IRPF y pagar el Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) —que abona el cliente— por cada estancia. En su opinión, aplicar un nuevo recargo a la tasa de basuras “penaliza injustamente” a los pequeños propietarios locales y lanza un mensaje negativo a un sector que consideran esencial para la economía sollerica.
El Ayuntamiento prevé someter la propuesta al pleno municipal la próxima semana. El incremento contemplado sería del 50%, lo que elevaría la tasa anual de 259 a 388 euros por vivienda, con una recaudación adicional estimada en 77.000 euros. La asociación ETV Sóller pide que se encargue un estudio objetivo antes de aprobar la medida y advierte que, de no hacerlo, emprenderá las acciones administrativas necesarias para defender los intereses del sector.
