ASCAV, única asociación que representa a la vivienda vacacional en Canarias, acaba de enterarse por la prensa del borrador de ordenanza que regulará el alquiler vacacional en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, precisamente, donde el peso de esta modalidad supera el 44% de camas turísticas. A pesar de argumentar que "la vivienda vacacional es una buena oportunidad para la economía de Santa Cruz" y que no se le puede atribuir el incremento del precio de los alquileres de vivienda porque "es un factor más de los que condicionan el precio", proponen una batería de medidas restrictivas e injustificadas como una antigüedad de los edificios de 10 años, que se tienen que encontrar en plantas bajas o con acceso independiente, etc. También se exige el cambio de uso urbanístico de las viviendas, de residencial a turístico, contradiciendo el Decreto 113/2015 cuyo "espíritu" es precisamente que las viviendas vacacionales no pueden regularse en zonas turísticas por su condición de residenciales. La obligatoriedad de comunicación previa de inicio de actividad clasificada no significa otra cosa que, todo propietario particular que tenga una vivienda vacacional se tendrá que dar de alta como autónomo, impensable para familias trabajadoras o pensionistas que perderían en tal caso su pensión. Una elegante forma de sacar a cientos de familias del mercado...
Mediante las normas urbanísticas los Ayuntamientos pretenden de manera arbitraria e injustificada limitar nuestros derechos dictando normas injustas que arrasarán con una actividad económica que deja sus dineros en las islas, y solo en las islas.
Autoproclamándose abanderados de la convivencia ciudadana y la paz social comienzan a dictar normas restrictivas de derechos, conculcando el principio de libertad de empresa, la propiedad privada y el legítimo ejercicio del desarrollo económico individual al prohibir, en ocasiones de manera encubierta y en otras de forma frontal, que los beneficios del turismo lleguen al canario de a pie.
Por supuesto que hay que tutelar los derechos de los residentes, pero no a costa de guillotinar los derechos de los demás. Las normas urbanísticas que pretenden aprobar los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife son un fiel reflejo de lo anterior: restricción de derechos, bloqueo de una nueva forma de hacer turismo que genera economía y empleo (más de 500 millones de euros para el archipiélago canario en el 2017).
Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante un nuevo atraco de los Ayuntamientos a los derechos de los propietarios de viviendas vacacionales de Canarias y ya ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las intenciones de las dos capitales de ambas provincias.
