La propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar la plaza de España y cobrar a los turistas y no residentes en la provincia por el acceso a la misma ha sido mal recibida por el Gobierno central. Varios miembros del Ejecutivo han mostrado su desacuerdo con la iniciativa hecha pública por el alcalde sevillano, José Luis Sanz, con el argumento de que la recaudación posibilitará un mejor mantenimiento y vigilancia de uno de los principales reclamos turísticos de la capital hispalense.

Según han confirmado fuentes del Gobierno a El Español de Sevilla, la negativa estatal al cierre de la plaza acaba con la propuesta municipal, dado que hay varios edificios del conjunto arquitectónico que dan acceso al espacio cuya competencia corresponde al Estado, como el Cuartel de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra o la Delegación del Gobierno en Andalucía.


Altos representantes políticos del Ejecutivo central, como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entre otros, han mostrado su rechazo a la medida propuesta por el consistorio sevillano. “Privatizar el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado y preservación de la plaza de España de Sevilla, una joya cultural que pertenece a todos y a todas. Desde luego, el Ministerio de Hacienda no se va a prestar a ello”, ha sentenciado Montero en su perfil oficial de X —antes Twitter—.