París es, hasta el momento, el destino más rentable para Airbnb debido, en parte, a la oferta irregular de algunas de estas viviendas turísticas, que se cifra en el 80% del total. No obstante, la Asamblea Nacional ha aprobado una ley que responsabiliza a las plataformas de alquiler vacacional de todos estos anuncios ilegales, con multas de entre 10.000 y 50.000 euros.
Según ha informado El Confidencial, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento parisino, Ian Brossat, es el impulsor de esta medida, ya que considera que el alquiler vacacional propicia la despoblación del centro de París y su transformación en un museo sin vida ni alma. Hasta ahora, solo podían ser multados los propietarios por los anuncios ilegales, con sanciones de hasta 5.000 euros y un plus de 1.000 euros por día y metro cuadrado por reincidencia. En lo que va de año, el Ayuntamiento ya ha recaudado 1,3 millones de euros derivados de esta causa.
El concejal, no obstante, quiere ir más allá en su lucha contra el alquiler vacacional y ha instado a ciudades como Madrid, Barcelona o Nueva York a crear una "coalición de ciudades afectadas" con el fin de "buscar juntos herramientas de regulación". También, para hacer ver a la Comisión Europea "los riesgos que entrañan estas plataformas para el futuro de las ciudades".
En París, Brossat también pretende prohibir el alquiler turístico en el centro histórico de la ciudad, así como la compra de segundas viviendas, con el fin de desinflar el precio del alquiler y la falta de alojamiento para los parisinos. El alquiler vacacional ha ocasionado la pérdida de 20.000 pisos en la capital francesa. Desde el pasado diciembre, los propietarios que quieran anunciar sus inmuebles en estas plataformas deben inscribirse en el Ayuntamiento, así como la vivienda solo puede ser arrendada durante 120 días al año.
