De enero a junio de este año, se han registrado 3.500 pisos turísticos nuevos en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en las provincias de Valencia y Castellón este tipo de alojamientos ha experimentado una caída.

Según ha informado Las Provincias, un total de 371 inmuebles se han dado de baja en la provincia de Valencia este año, de acuerdo con los datos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT). Así, la oferta en esta zona se sitúa en 14.989. Mientras, en la provincia de Castellón figuran 151 viviendas menos, hasta alcanzar las 13.501. Por el contrario, Alicante ha registrado un incremento notable, al pasar de 45.734 a 48.872 pisos reglados.

Existen diferentes motivos que justifican esta caída en Valencia, como las trabas burocráticas, los requisitos para conseguir la autorización pertinente en algunos ayuntamientos o las cargas fiscales que conlleva este tipo de alquiler frente al convencional, tal y como repara Francisco García, presidente de los pequeños propietarios (Viutur).

En Valencia capital, además, está el añadido de que el inmueble debe estar ubicado en una primera planta o bajo para poder operar legalmente. A este respecto, la directora de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Patricia Valenzuela, reparó en que este tipo de medidas “lleva a muchos propietarios a abandonar esta opción y decantarse por el alquiler residencial, que además cuenta con desgravaciones y es un mercado en alza”.

En total, la región contó con una oferta de 77.350 pisos turísticos reglados en el primer semestre de 2019, según confirmaron la AVT y Fevitur, lo que supone un aumento del 16% con respecto al número total de viviendas de 2018. El objetivo de las entidades citadas es alcanzar la regularización de 10.000 viviendas este año.

Sanción a Airbnb

A su vez, Turisme Comunitat Valencia ha abierto un segundo expediente sancionador a Airbnb, por permitir que se oferten y comercialicen viviendas sin número de registro en su plataforma. Esta infracción podría ser penada con una multa de hasta 600.000 euros.