La primera medida llevada a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona contra el alquiler vacacional ha fracasado. En 2015 el equipo de gobierno anunció una prueba piloto que proponía perdonar el 80% de la multa a los pisos turísticos ilegales que hubieran sido denunciados en el barrio de Ciutat Vela si los dueños de los mismos los destinaban al alquiler social. Sin embargo, hasta la fecha ningún propietario se ha acogido a la propuesta.
En concreto, las sanciones para los dueños de los 330 apartamentos multados se elevaban hasta los 15.000 euros. Si cedían el piso durante tres años a la Mesa de Emergencia Social de la Vivienda para alquilarlos a familias en situación de emergencia se les perdonaban 12.000. Desde el Consistorio han admitido que la medida no ha funcionado.
