La propiedad del complejo de apartamentos turísticos Puerto Bello, ubicado en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria, ha interpuesto una demanda de un millón de euros contra el Gobierno de Canarias, por los destrozos cometidos por un grupo de menores migrantes acogidos durante varios meses en el hotel bajo la tutela del Ejecutivo autonómico.
Según indica elDiario.es, los desperfectos fueron realizados durante una revuelta organizada por uno de los migrantes (identificado posteriormente como mayor de edad), que tuvo lugar en febrero de 2021. El instigador alentó a otros menores acogidos en el complejo, que durante meses funcionó como centro de acogida, y generaron una revuelta que acabó con destrozos por todo el inmueble: rotura de los cristales de las puertas y de las ventanas, rotura de todo tipo de muebles y electrodomésticos, de vigas, de enganches o de tomas de luz.
Estos hechos tuvieron lugar en el marco de la crisis migratoria que afectó a España, pero sobre todo al archipiélago canario, durante 2020 y 2021, en la que cientos de cayucos y pateras llegaron a las costas canarias desde África, saturando toda la infraestructura de recepción de migrantes. Los centros de acogida se vieron desbordados y el Gobierno de Canarias decidió convertir varios complejos hoteleros de las islas en centros provisionales, aprovechando la escasez de turistas por la crisis del covid-19.
