Más de 200 hoteles canarios ya se han sumado a una creciente ofensiva legal contra la plataforma Booking.com, acusada de prácticas abusivas que habrían afectado los ingresos de los establecimientos turísticos durante dos décadas. Esta acción forma parte de una demanda colectiva impulsada por la firma legal Eskariam, que ya ha reunido a 800 establecimientos, entre los que se estima que entre un 20 % y un 25 % pertenecen al Archipiélago. La iniciativa se apoya en la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2023 —más de 413 millones de euros— y en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que cuestiona la legalidad de ciertas cláusulas impuestas por la plataforma.
El núcleo del conflicto gira en torno a las denominadas cláusulas de paridad. Estas obligaban a los hoteles a no ofrecer precios más bajos en otros canales que los publicados en Booking, incluso en sus propias páginas web o mostradores. Esta práctica generó una elevada concentración de ventas en la plataforma neerlandesa, que en algunos casos llegó a canalizar hasta el 80 % de la facturación de un hotel, situación que ha sido considerada lesiva para la competencia.
Tal y como recuerda el diario El Día, en Europa, países como Alemania, Italia, Suecia o Francia actuaron con mayor contundencia, logrando que Booking eliminara esas cláusulas en 2015. En España, sin embargo, se mantuvieron versiones más suaves —las llamadas “cláusulas de paridad estrechas”— hasta su desaparición en junio de 2024. Ese mismo mes, la Comisión Europea designó a Booking como “gatekeeper”, lo que la obliga a mayor transparencia por su posición dominante en el mercado digital.
Las demandas colectivas españolas, impulsadas por Eskariam y por la patronal europea HOTREC a través de CEHAT, esperan alcanzar una cifra significativa de adhesiones para aumentar las probabilidades de éxito. Las firmas legales implicadas en Canarias, como Aramburu Montero, ya representan a numerosos hoteleros locales que reclaman una compensación estimada en torno al 2% de sus ingresos anuales durante los años en que operaron bajo esas cláusulas restrictivas.
Aunque Booking se defiende alegando que las cláusulas no son contrarias a la competencia y que la sentencia del TJUE no implica automáticamente indemnizaciones, los hoteles canarios ven una oportunidad histórica de recuperar lo perdido. La estrategia judicial podría prolongarse durante años, pero muchos establecimientos confían en que, como ocurrió en Alemania, la presión colectiva termine forzando una compensación.
