La compañía Islas Airways que dejó de operar en el año 2012, ha sido condenada a devolver 7,5 millones de euros por fraude en los descuentos de residente en Canarias entre 2007 y 2011.
Según informa El Diario, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la aerolínea en 2015 contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le obligaba a pagar esa suma, cobrada indebidamente.
El recurso de la empresa española, propiedad de Miguel Concepción, indicaba que las cantidades reclamadas no eran subsumibles en el concepto de subvención por tratarse de un precio privado de un contrato de servicio de transporte aéreo y por no ostentar dicha sociedad la condición de entidad colaboradora de la Administración, para la implementación de los mecanismos de fomento previstos para el transporte aéreo y marítimo de pasajeros residentes.
El Supremo, por su parte, ha subrayado que “las compañías de transporte actúan como entidades colaboradoras en la implementación de los mecanismos de fomento a cargo de la Administración”. Para el alto tribunal, “el conjunto de obligaciones impuestas a las compañías prestadoras del servicio de transporte en lo que se refiere a la aplicación de las bonificaciones a los pasajeros, su liquidación ante la Administración, control, y seguimiento y su singular actuación justifica que las compañías de transporte aéreo, como la ahora recurrente, puedan ser consideradas entidades colaboradoras con arreglo a la definición del artículo 12 de la Ley General de Subvenciones”.
