El gobierno de España está ultimando un Real Decreto que regulará la actividad  de las empresas de vehículos con conductor (VTC) como Cabify o Uber.

Esta nueva normativa obligará a los vehículos a reflejar todos los servicios de transporte que contraten mediante un registro público, así como llevar matrículas que les diferencien de los taxis.

El registro público pretende constatar que todos aquellos servicios que realizan los VTC se han pactado de forma previa a su prestación, es decir, que los vehículos no circulan por las vías o estacionan en puntos clave para captar clientes, algo prohibido por la legislación. A su vez, el control de sus movimientos permitirá evitar que el número de servicios prestados supere el límite fijado por ley (un 20%).

Además, el ejecutivo prohibirá que las compañías puedan vender las licencias VTC durante los dos años siguientes a su adquisición.

Con estas medidas, Fomento quiere aumentar el control sobre un sector que es considerado como competencia desleal por los taxistas.