La ley que regula y limita los precios del alquiler residencial en Cataluña ha sufrido el mismo destino que la norma similar aplicada en la ciudad alemana de Berlín: ambas han sido anuladas por los respectivos tribunales constitucionales.
La normativa aprobada por el Parlament en septiembre de 2020 —y que se ha estado aplicando en 83 municipios catalanes— establecía que, en las áreas denominadas como “tensas”, los nuevos contratos de alquiler debían ceñirse a un índice de precios fijados por la Generalitat. La medida no se aplicaba a nueva vivienda, contratos previos a 1995 o viviendas de protección oficial.
Ahora, pese a que una sentencia del Constitucional ha anulado los artículos clave y, por tanto, ha acabado con la normativa, todos aquellos que firmaron sus contratos de alquiler durante los cerca de 18 meses en los que estuvo vigente la norma —casi 170.000— se mantendrán hasta su finalización, así lo recoge El País.
No obstante, aún se desconoce qué ocurrirá con los inquilinos cuyos contratos incluían la conocida como “cláusula Berlín”, que establecía que en caso de decaer la Ley —como ha ocurrido—el precio subiría. Y es que muchos propietarios de viviendas preveían que la norma catalana iba a sufrir el mismo destino que la de la capital germana y se prepararon para ello.
