Con la llegada de 2023, entrará en vigor la nueva normativa sobre Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio español. Así, todos los municipios con más de 50.000 habitantes y las islas deberán incluir ZBE en sus centros urbanos, limitando así la circulación de los vehículos más contaminantes.
Por tanto, apenas quedan unos días para que las ciudades diseñen los planes necesarios para implementar los cambios que afectarán a la movilidad de 149 municipios, donde residen más de 25 millones de personas.
Aneval, la asociación que representa a más de la mitad del mercado de alquiler de coches, ha urgido a los ayuntamientos a compartir los detalles sobre las restricciones de tránsito antes de que se comience a ejecutar las potenciales sanciones.
“El rent a car necesita tener volcada esa información en su navegador, es vital consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos se puede acceder a estas zonas y en qué condiciones”, defiende en un comunicado Aneval, que denuncia la disparidad de criterios reguladores que utiliza cada municipio, situación que confundirá tanto a usuarios como a empresas.
“Mientras el último borrador de Ponferrada (León) permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C (ampliables si se pagan 25 euros), Santander y Torrelavega (Cantabria) no implantarán las ZBE antes de 2024”, concluye la asociación.
El sector del rent a car confía en que todos los servicios de movilidad compartida estén exentos de las limitaciones a la circulación de vehículos, ya que defienden que el alquiler de coches es una alternativa sostenible para las ciudades y que "9 de cada 10 coches se renuevan cada año".
