Canarias se ha visto sacudida por la investigación del caso Mediador, una red de corrupción en la que se implican representantes políticos, cargos importantes de la Guardia Civil, empresas de energías renovables y ganaderas, así como el propio intermediario que le da nombre.
Y en un archipiélago en el que el turismo supone la principal actividad económica no han tardado en salir a la luz nombres de empresas del sector que han sido víctimas de los investigados como es el caso de CICAR (Grupo Cabrera Medina), mayor empresa de alquiler de vehículos de las Islas Canarias con una flota global de más de 12.000 unidades.
El grupo con sede en Lanzarote está ocupando titulares por haber cerrado un contrato con el empresario castellanomanchego Antonio Bautista Prado. Este empresario, conocido como el Curita, habría solicitado la intervención del mediador y de sus socios para conseguir dicho contrato, por el que CICAR habría pagado 90.000 euros por la instalación de placas fotovoltaicas y cargadores de vehículos eléctricos que, según ha podido saber Tourinews a través de fuentes turísticas de Lanzarote, no se ha ejecutado.
Esto se traduce en un doble daño para la empresa de rent a car: no han recibido los servicios para los que pagó y están copando titulares ligados a una trama delictiva. Todo y pese a que las pesquisas policiales apuntan a que no tenían ninguna relación más allá del citado acuerdo empresarial. "Se está poniendo en duda la trayectoria de una empresa seria y rigurosa”, se lamentan profesionales turísticos de la isla.
Y se puede esperar que la situación pueda repetirse, ya que todo apunta que los cabecillas del entramado investigado probaron suerte con muchas de las grandes empresas canarias. “Hay muchas firmas en Canarias que tienen relaciones como para aparecer en esto”, explican esas mismas fuentes.
