A partir del 2 de enero de 2023, numerosos negocios turísticos deberán comunicar los datos de personales de sus clientes al Estado español. Así será tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 933/2021, que pretende obtener datos de personas físicas como el DNI, el email y o el teléfono móvil.

La protección de datos de los turistas en la "nueva normalidad"

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Los negocios afectados por esta modificación legal son aquellos que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, es decir, los siguientes:

  • Las llevadas a cabo por establecimientos comerciales abiertos al público. Se incluyen dentro de este concepto los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos.
  • Las realizadas por campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas. Apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico.
  • Las de los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas dedicadas a la hospedería y los consumidores.

Esta última tipología de actividad turística afecta directamente a las agencias de viajes, un sector que ya se ha pronunciado en contra de la nueva normativa. "Es totalmente improcedente que las agencias de viajes estén obligadas a esta comunicación, ya que son intermediarias en las reservas [...] deberían ser los establecimientos de alojamiento y las empresas de alquiler de vehículos los obligados", afirmaron las asociaciones ACAVe, CEAV y UNAV en un comunicado conjunto.

Estas defienden que las agencias no prestan ni el servicio de hospedaje ni el de alquiler de vehículos, por lo que deberían quedar exentas del cumplimiento del decreto.


Según afirman las mencionadas entidades, la gran mayoría de agencias de viajes son pymes y micropymes que no disponen de tecnología necesaria para comunicar de forma automatizada los datos, teniendo que aumentar los costes de personal para pasar manualmente la información a la web que habilitó el pasado 19 diciembre Ministerio del Interior, a escasos días de la entrada en vigor de la reforma. 

Por último, ACAVe, CEAV y UNAV aseguran haber tenido una reunión con Interior, en la que habrían conseguido reducir ligeramente los datos que tendrán que aportar las agencias de viajes.