El traspaso de competencias en materia de ordenación e inspección turística de la Comunidad Autónoma de Baleares al Consell Insular de Mallorca está rodeado de polémica. Numerosos funcionarios han protestado debido a que se ha hecho público su sueldo, lo que consideran que “vulnera su protección de datos”.
El Boletín Oficial de las Islas Baleares del pasado 14 de diciembre, contenía el Decreto 50/2021 del 13 de diciembre. Asimismo, iba acompañado de un anexo en el que aparecen el puesto, el sueldo y el nombre de 61 funcionarios que serán transferidos de la Consellería de Turismo a la entidad insular.
Este acto ha provocado protestas entre los funcionarios, que sienten que ha sido vulnerado su protección de datos. No obstante, desde el Govern de Baleares se defienden y explican que están obligados a incluir esa información en el caso de transferencia de competencias.
Los antecedentes
Buceando en las anteriores cesiones de competencias, se puede comprobar que en algunos casos no se ha hecho público y en otros sí.
La Ley 3/1996, de transferencia de competencias a los Consells de Menorca y de Ibiza-Formentera no indicaba los nombres y apellidos y sí los perfiles profesionales y el sueldo asignado a los mismos.
Por el contrario, en el Decreto 7/2018, de 23 de marzo, de traspaso a los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Formentera de las funciones y los servicios inherentes a las competencias en materia de promoción turística, se incluían nombres, cargo y sueldo —al igual que ha ocurrido ahora—.
¿La diferencia? Que entre ambos períodos se había aprobado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
