Este miércoles 27 de julio de 2022 la Comunidad Autónoma de Canarias ha sellado el traspaso de competencias en materia de Costas con el Estado español, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, protagonizada por el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez.

El Ejecutivo autonómico empezará a ejercer las competencias de Costas a partir del 1 de enero de 2023, situación que posibilitará el autogobierno en la ordenación y gestión de los más de 1.500 kilómetros de su litoral, con plenas competencias en lo que se refiere a construcción, asignación de playas o la licitación para la concesión de servicios, aspectos clave para la gestión y el desarrollo turístico de la región.

Con este acuerdo Estado-Canarias se satisface una antigua demanda de la región que llevaba pendiente de resolverse desde 2019, ya que la transferencia de competencias se estableció en la última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobada en noviembre de 2018.
 


Tanto la Comisión Mixta de Transferencias como la Comisión Bilateral Canarias-Estado tendrían que haberse celebrado hace seis meses, a finales de febrero. Sin embargo, ambas comisiones fueron desconvocadas y aplazadas por la necesidad de cerrar “algunos flecos”. “Lo que siempre ha buscado el Gobierno de Canarias es hacer un buen traspaso que diera seguridad jurídica y fuera pragmático y efectivo en el día a día y desde el principio, aunque eso supusiera algunos meses de retraso”, ha recalcado Torres.

El presidente de Canarias ha subrayado también que su Comunidad gestionará las mismas competencias que Cataluña o Andalucía y, pese a todo, ha defendido la “agilidad” en la transferencia, ya que “hay comunidades que tienen las competencias de Costas desde el 2008 y a día de hoy no las han recibido". 

Sin cambios en la Ley de Costas


La transferencia no implica cambios en la Ley de Costas, aunque sí garantiza una “mayor cercanía, conocimiento y sensibilidad” en la protección y gestión del litoral isleño al encargarse desde ahora el Ejecutivo canario, aunque “siempre dentro de los márgenes de la normativa estatal”, tal y como señala el Gobierno de Canarias en un comunicado.