El Parlamento de Canarias ha dado luz verde a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda en Canarias, una normativa que busca limitar y reordenar la expansión del alquiler vacacional en el Archipiélago.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) no ha tardado en reaccionar, calificando la aprobación de “infamia” y “aberración” dirigida “contra los pequeños propietarios” y en claro “favor de los grandes tenedores”.
Según la nota de prensa emitida por la asociación, la ley persigue dos objetivos principales:
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Freno a las nuevas viviendas vacacionales con una moratoria de nuevas licencias hasta que el planeamiento municipal las prevea expresamente.
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“Rodillo” a las existentes, retirando las declaraciones responsables de las viviendas que no cumplan con la actividad clasificada de su Ayuntamiento.
Desde ASCAV se lamenta que Coalición Canaria y el Partido Popular —con el apoyo de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Agrupación Socialista Gomera (ASG)— hayan impulsado el texto sin acuerdo, y se insiste en que el único fin es “eliminar a las familias canarias de la actividad turística para relegarla a los grandes beneficiados de siempre”.
La asociación niega que la ley vaya a solucionar el problema de la vivienda, citando el caso de Barcelona como ejemplo de que la prohibición no detiene el encarecimiento. "No cabe duda que está ley no va a contribuir en nada a paliar el problema de vivienda en Canarias", subraya el comunicado de ASCAV, que advierte de las consecuencias económicas: alojarse será más caro debido a la eliminación de competencia, afectando negativamente a “restaurantes, bares, comercios, etc., que tanto se benefician del turismo de alquiler vacacional”.
Pese al varapalo legislativo, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional concluye con un mensaje de resistencia, asegurando que "ASCAV no se rinde" y que "continuará luchando por los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias”.
