La Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Las Palmas ha presentado una querella contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entidad encargada de la acogida de menores migrantes en establecimientos hoteleros de Gran Canaria durante la crisis migratoria de 2020/21.
Según ha revelado Canarias7, el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias previas para investigar a la fundación de la que se sospechan delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos. Y es que las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que los directivos de Respuesta Social Siglo XXI se apropiaron de fondos públicos destinados al cuidado de los migrantes.
El citado diario revela que la fundación habría percibido, solo en Gran Canaria, en torno a 12,5 millones de euros en un período de tres años (2020, 2021 y 2022) correspondiendo a 95 euros por menor al día.
Un nuevo escándalo
Lo cierto es que Fundación Respuesta Social Siglo XXI ya ha sido el centro de la polémica en anteriores ocasiones. En 2022, la Fiscalía inició una investigación sobre presuntos "abusos sexuales, prostitución, uso de drogas, tabaco y alcohol sufridos por los menores migrantes" en el centro temporal en el complejo de apartamentos turísticos Puerto Bello, ubicado en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria, denunciados por algunos educadores que trabajaban en el centro.
Asimismo, la propiedad del citado complejo turístico interpuso una demanda de un millón de euros contra el Gobierno de Canarias, por los destrozos cometidos por un grupo de menores migrantes acogidos durante varios meses en el hotel bajo la tutela del Ejecutivo autonómico.
Estos hechos tuvieron lugar en el marco de la crisis migratoria que afectó a España, pero sobre todo al archipiélago canario, durante 2020 y 2021, en la que cientos de cayucos y pateras llegaron a las costas canarias desde África, saturando toda la infraestructura de recepción de migrantes. Los centros de acogida se vieron desbordados y el Gobierno de Canarias decidió convertir varios complejos hoteleros de las islas en centros provisionales, aprovechando la escasez de turistas por la crisis del covid-19.
