El Ayuntamiento de Barcelona continúa su cruzada contra los pisos turísticos ilegales. Durante el mes de julio, el consistorio ha ordenado el cierre de 256 viviendas ofrecidas sin contar con la licencia pertinente.A su vez, cada una de estas viviendas ha recibido sanciones de 30.000 euros. Para la detección de estas viviendas ilícitas se ha contado con un equipo de visualizadores que rastrean este tipo de alojamientos. Airbnb y Homeaway, los portales especializados en la comercialización online de este tipo de habitaciones, también están en el punto de mira del ayuntamiento de la Ciudad Condal, a los que amenaza con sanciones que puedan alcanzar los 600.000 euros. El motivo de estas sanciones se basaría en la reincidencia, es decir, si estos portales continuasen anunciando pisos ilegales una vez notificados como tal. Pese a estas medidas, 2016 es el año en que menos pisos turísticos han sido clausurados. Durante estos primeros seis meses, se han cerrado 112 viviendas turísticas ilegales por las 242 y 533 de 2014 y 2015, respectivamente