Las playas de México constituyen uno de los símbolos de segregación más claros del país. Y es que, la realidad contraviene a la ley mexicana que establece que todos los arenales son públicos.
En concreto, tal y como informa El País, la legislación estipula que los 20 metros de playa adentro, desde la línea de mar, son un bien federal, por lo que una empresa o particular puede adquirir los derechos sobre la zona. Lo que no puede hacer es limitar el acceso, un paso que muchos se saltan.
El diario citado indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se encarga de concesionar la Zona Federal Marítimo Terrestre, ha concedido a entidades privadas 153 kilómetros cuadrados de la costa mexicana, un 32,2% del total nacional, que son 23.688 kilómetros de costa (14.738 en el océano Pacífico y 8.977 entre el Atlántico y el golfo de México)
El litoral oriental está concesionado en un 14,5%, mientras que el occidental lo está en un 43%, afectando especialmente a los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. En estos enclaves se alternan los puntos turísticos con las zonas de pesca.
Dos activistas muestran restricciones en playa La Lancha (Nayarit) | Foto: El País
En este sentido, Rocío Martínez, activista de Nayarit, advierte que el problema no son las concesiones, sino la falta de control. Incluso, se ha llegado a reducir notablemente el número de accesos a las playas por, principalmente, la incidencia del turismo, como es la edificación de hoteles.
Ante esta situación, el partido de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, presentó un proyecto de ley, el pasado noviembre, para multar con un millón de dólares a quienes restrinjan el paso a los arenales. “No importa que tengas una playa concesionada, no puedes cerrarla”, indicó la autora del proyecto y diputada oficialista por el Estado de Nayarit, Carmina Regalado Mardueño.
Javier Chávez, uno de los activistas que lucha contra el cierre de las playas y de los caminos para acceder a ella, aseveró: “La gente no conoce sus derechos, entonces ve estos letreros (de prohibido el paso) o muros, cree que no puede entrar y deja de venir. Con el tiempo, ellos terminan teniendo una playa casi privada”.
