Desde el 13 de marzo del corriente año, cuando se presentaron los primeros dos proyectos de ley que proponían la declaración de emergencia turística, el sector se sumergió en acaloradas discusiones que ¿concluyeron? el pasado martes, 1 de septiembre, con la aprobación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. Sin embargo, a menos de una semana de su aprobación, Juntos por el Cambio presentó un amparo que busca impugnar la sesión.

Cuando la pandemia dejó de ser una realidad lejana para la Argentina y comenzó a vivirse en carne propia, el sector turístico inmediatamente supo que sería uno de los principales afectados. Tal vez por ese motivo, incluso antes de que sea decretado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la senadora Ana María Ianni de Santa Cruz y el senador Maurice Closs de Misiones, dos provincias con una importante participación de la actividad en su economía, redactaron los primeros proyectos que preveían asistencia al sector.

Durante los casi seis meses que hubo de discusión, pudo notarse gran consenso entre las medidas que tanto oficialismo como oposición y sector privado proponían para incluir en ella. No obstante, ese consenso se perdió cuando, por razones que aún continúan sin descifrar, el poder ejecutivo puso como condición de su acompañamiento quitarle el nombre “emergencia”. Ese hecho derivó en una radicalización del discurso opositor encolumnado detrás del diputado por la UCR, Alfredo Cornejo, el cual daba cuenta de la situación dramática por la que está pasando el turismo.

Si bien el nombre que se le asigna a una norma es relevante, más importante aún es su contenido. Y, aunque los legisladores continuaron la discusión del proyecto sin la palabra “emergencia” en su título, el contenido fue profundizando su alcance y beneficiarios. A tal punto de que prácticamente no se encuentran detractores al texto de la norma.

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Tal vez el único colectivo que se ha hecho oír es el de los guías de turismo, los cuales, a pesar de estar contemplados en el inciso d) del artículo 3°, por las características flexibles en la que suele llevarse adelante su trabajo, muchos de ellos no han podido ser beneficiarios de las medidas de auxilio llevadas a cabo y por implementarse por parte del gobierno.

En un mundo donde escasea la certidumbre y cada vez se apuesta más a la flexibilidad de las relaciones laborales, este hecho debería llamarnos a la reflexión acerca de cómo debería reconfigurarse el sector en una nueva normalidad. La puesta en marcha de la actividad turística no traerá por sí sola certezas que permitan recomponer las débiles situaciones de las empresas, el empleo y los deprimidos salarios. Las certezas deberán construirse a través de acuerdos consensuados entre los actores del sector, que permitirán dar previsibilidad a la actividad.

Eso es justamente lo que provee esta ley, un marco de previsibilidad. Por un lado, da garantías a los prestadores de servicios e intermediarios de que las medidas de asistencia que el poder ejecutivo venía aplicando para sostener a las empresas y al empleo ya no dependerán de su voluntad, sino que tendrán vigencia por una ley del Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre, con la posibilidad de prorrogarlas por 180 días de forma total o parcial.

Entre esas medidas, se encuentra la extensión del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el cual el Estado paga el 50% de los salarios de los trabajadores, la reducción del pago de contribuciones, el aplazamiento de pago de obligaciones al fisco, la posibilidad de acceder a créditos a tasa cero, la construcción de un marco legal que descomprime la presión frente a reprogramaciones y devoluciones, entre otras medidas.

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Buenos Aires, Argentina | Foto: Barcex (CC BY-SA 3.0)

Llegar a la otra orilla es la principal preocupación que hoy tienen trabajadores y empresarios del sector. Prácticamente en el mismo nivel de importancia se encuentra la preocupación por volver a trabajar y vender. Por eso mismo es que la ley reza “Sostenimiento y Reactivación”. Según una encuesta realizada por Usina Turística, siete de cada 10 personas manifestaron su interés por realizar alguna actividad turística cuando se levanten las restricciones a los viajes. Lo cual resultan datos alentadores, pero el mismo estudio también reveló una creciente preocupación por la falta de dinero y el acceso a descuentos.

No se puede obviar que la débil situación económica en la que se encontraba el país, sumada a la crisis producida por la pandemia, ha erosionado los ahorros e ingresos de las familias. Por ese motivo, y considerando que las ganas de viajar no serán suficientes para que la reactivación alcance el vigor suficiente que permita que nadie se caiga del mapa, es que se necesitará inyectar dinero para incentivar el consumo. En este sentido, la ley prevé estímulos a la preventa de servicios turísticos, bonos para familias de bajos y medianos ingresos y subsidios para viajes de jubilados en las temporadas bajas.

El anuncio realizado semanas atrás por Alberto Fernández acerca de la producción de la vacuna contra el COVID-19, la cual estaría disponible en el primer semestre del 2021, es la cuota de certidumbre que le faltaba al turismo, ya no de cara a la temporada de verano (que se llevará adelante durante la pandemia y con protocolos), sino frente al mediano plazo. Esta noticia probablemente pueda fomentar las ventas a realizarse en el corriente año, aprovechando la bonificación ofrecida por la ley, de cara a la segunda mitad del año que viene.

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Este delicado clima de previsibilidad que comenzó a construir la ley se tornó enrarecido en horas de la tarde del lunes 7 de septiembre, cuando el bloque de Juntos por el Cambio presentó un recurso judicial buscando impugnar la sesión alegando la invalidez de la prórroga del Protocolo de Funcionamiento de Parlamentario Remoto, con el que el Congreso ha funcionado durante la pandemia. Resulta paradójico que, el mismo bloque que planteaba testimonios desgarradores como alegato de la necesidad de que la ley de asistencia al turismo sea llamada de “emergencia”, hoy no le importe que esta jugada produzca la nulidad de la flamante ley, perjudicando a todo el sector y resquebrajando las pocas certezas que con mucho esfuerzo los actores del turismo habían construido.

Un dirigente con mucha trayectoria en la Argentina siempre afirmaba que más que las palabras, lo importante son las acciones. Esta lógica puede ser muy valiosa no solo para analizar lo sucedido en estos meses de pandemia, sino también como incentivo para la acción. Porque el turismo saldrá adelante con hechos y no con palabras.

 

Artículo publicado originalmente en Medium por Julián Cherkasky Rappa, licenciado en Turismo (UNSAM) y actualmente cursando el máster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social (FLACSO).