La Administración de Donald Trump evalúa recurrir a mecanismos de emergencia para evitar la quiebra de Spirit Airlines, en un contexto de fuerte presión financiera sobre la aerolínea y de encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Irán. La compañía, que ha atravesado dos procesos de bancarrota en los últimos años, afronta ahora dudas crecientes sobre su viabilidad a corto plazo.

Entre las opciones sobre la mesa figura la aplicación de la Ley de Producción de Defensa, una herramienta que permitiría al Gobierno facilitar financiación y priorizar contratos clave. La medida podría incluir un préstamo significativo respaldado por activos de la aerolínea y abrir la puerta a una futura participación estatal en su capital, en un intento por garantizar la continuidad operativa y preservar empleos.

Según ha informado Reuters, el Ejecutivo estadounidense mantiene contactos con acreedores y analiza distintas fórmulas para estructurar el rescate, que también implicaría a organismos como el Departamento de Comercio o el Pentágono. Este último podría aprovechar la capacidad operativa de la compañía para transporte militar o logístico, reforzando el argumento estratégico de la intervención estatal.

La urgencia viene marcada por la delicada situación de liquidez de Spirit, que dispone de fondos limitados y restringidos por compromisos con acreedores. Un reciente impago de intereses ha elevado el riesgo de incumplimiento de su acuerdo de reestructuración, lo que podría precipitar decisiones clave en cuestión de días si no se alcanza una solución.

El posible rescate ha generado divisiones dentro del propio Gobierno, entre quienes defienden evitar la desaparición de la aerolínea en un momento crítico para el transporte aéreo y quienes consideran que la intervención podría posponer un desenlace inevitable. Mientras tanto, el futuro de Spirit Airlines sigue en el aire, en un escenario que añade incertidumbre al sector turístico y aéreo internacional.