La estrategia del Govern de Baleares para frenar la expansión de las plataformas de VTC en Mallorca ha recibido un serio revés judicial. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) obliga a la Administración a volver a tramitar las 600 licencias que el anterior Ejecutivo había rechazado a Moove Cars, la empresa cuya flota opera en la isla a través de Uber.

El fallo llega en un momento delicado: en Mallorca funcionan actualmente unas 360 licencias de VTC, y cerca de 750 en el conjunto del archipiélago. La eventual aprobación de esas 600 solicitudes supondría prácticamente triplicar la flota existente en la isla y, previsiblemente, intensificar la tensión con el sector del taxi, especialmente crítico con la implantación de Uber.

Tal y como informa Diario de Mallorca, el TSJB no obliga a conceder las licencias, pero sí a reabrir su tramitación aplicando la normativa vigente en el momento de su rechazo, lo que descarta utilizar la moratoria actual. La sentencia anula la resolución de 2023 con la que el Govern anterior denegó las licencias basándose en criterios económicos y en la proporción entre VTC y taxis, una justificación que el tribunal considera contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde la conselleria de Movilidad reconocen que el fallo “no es una buena noticia”. La directora general, Lorena del Valle, asegura que el Ejecutivo estudia un posible recurso y otras medidas para evitar una “entrada masiva” de VTC en un territorio “insular y protegido”, e hizo un llamamiento a la calma del sector del taxi.

El Govern defiende que la nueva ley de taxis y VTC aprobada por unanimidad en 2024, y pendiente de desarrollar su primer decreto, permitirá ordenar el sector. La norma prevé que cada licencia solo pueda operar en su isla de origen y que su número se ajuste a criterios de necesidad real, población y presión turística.

Del Valle lamenta que el anterior Govern no adaptara antes la legislación, pese a que la llamada Ley Ábalos de 2018 abrió la puerta a regulaciones basadas en criterios territoriales y medioambientales. Mientras tanto, el sector del taxi ya había advertido del riesgo de una expansión de los VTC y ha buscado fórmulas para reforzar su competitividad, como la coordinación entre municipios para mejorar la disponibilidad del servicio.