Un informe pericial contable y financiero elaborado sobre la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote concluye que durante los ejercicios comprendidos entre 2018 y 2022 —es decir, en la legislatura anterior— se habrían producido presuntas irregularidades contables que, según el documento, ocultaron pérdidas por importe de 2,35 millones de euros. El informe identifica como máximo responsable de la entidad durante ese periodo al entonces consejero delegado, Benjamín Perdomo (PSOE).

Según publica Libertad Digital Canarias, el peritaje, que prevé remitirse a la Fiscalía Anticorrupción, recoge indicios de posibles irregularidades relacionadas con la formulación de las cuentas anuales, la contabilización de determinados gastos y la gestión económica de la entidad pública, además de plantear la posible existencia de diversos hechos ilícitos que deberán ser objeto de investigación por las autoridades competentes.

El informe sitúa el principal desfase en las cuentas de 2021. Mientras la entidad declaró unas pérdidas de 967.798 euros, la revisión pericial eleva esa cifra hasta los 3,32 millones, al considerar que se dejaron de contabilizar correctamente determinados gastos vinculados a los cánones de explotación que los CACT debían abonar al Cabildo de Lanzarote. Esa diferencia habría permitido presentar una imagen financiera distinta de la situación real, sostiene el documento.

Asimismo, el peritaje señala que la deuda acumulada por esos cánones superaba los 5,3 millones de euros a cierre de 2022 y que los aplazamientos generaron más de 137.000 euros en intereses durante ese ejercicio. También cuestiona que en 2022 se registrara un canon de explotación de cero euros, circunstancia que, según el informe, contribuyó a reflejar un resultado positivo de 3,4 millones de euros.

Los autores del informe descartan que las diferencias detectadas respondan únicamente a problemas derivados de la implantación de un nuevo sistema informático y consideran que las incidencias observadas seguían un mismo patrón contable. El documento plantea que la Fiscalía Anticorrupción analice estos hechos y determine si procede la apertura de actuaciones.