La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), que obliga a reexaminar 600 solicitudes de licencias VTC en Mallorca, ha encendido todas las alarmas en el sector del taxi en Baleares. Los profesionales temen un efecto dominó que fuerce la revisión de miles de expedientes más, tanto en Mallorca como en Ibiza, y que acabe reforzando la presencia de plataformas como Uber en el archipiélago.

Según informa La Voz de Ibiza, la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB) ha reunido a sus abogados, representantes del Govern y responsables jurídicos autonómicos para analizar el alcance del fallo y diseñar una estrategia legal. La principal preocupación es que el criterio del TSJIB —que impide aplicar la moratoria de la Ley 1/2024 a solicitudes presentadas en 2022 y 2023— pueda extenderse a unas 3.600 peticiones de VTC que quedaron en suspenso, principalmente en Mallorca.

La inquietud se ha trasladado también a Ibiza, donde el taxi teme que la misma interpretación judicial afecte a miles de solicitudes presentadas en la isla. La federación calcula que, si se replican las tesis de la sentencia, hasta 6.000 licencias VTC podrían verse implicadas en todo el archipiélago. Este temor se suma a un contexto ya tensionado: el Consell de Ibiza afronta decenas de litigios por VTC y en 2024 se registraron más de 16.000 solicitudes, de las que solo una pequeña parte fue autorizada.

El fallo del TSJIB obliga al Govern a retrotraer los expedientes al momento de la solicitud y a resolverlos caso por caso, concediendo o denegando las licencias con una motivación detallada basada en el interés general, en línea con la jurisprudencia europea. Esto elimina la posibilidad de rechazar autorizaciones únicamente por la ratio entre taxis y VTC, uno de los pilares del modelo balear.

En paralelo, el Govern ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerarla injusta para el taxi y acelera la elaboración de un nuevo reglamento que permita fijar cupos de VTC por isla. Mientras tanto, el sector del taxi se prepara para una batalla jurídica y política que, temen, podría no limitarse a las 600 licencias que han activado el conflicto, sino marcar el inicio de una disputa mucho mayor en Baleares.